Aún estaba pensando sobre el artículo que escribí ayer en el que ponía de manifiesto mi temor acerca de que la tecnología RFID fuese usada para violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos, cuando me encuentro con la noticia, que publica El Mundo, de que ha sido aprobada, con sólo dos votos en contra, la directiva europea de retención de datos, la cual todos los países de la Unión deberán aplicar. La directiva se justifica como lucha antiterrorista.
No estoy en contra de la lucha antiterrorista, pero no a cualquier precio. No me gusta nada, y además tengo derecho a ello, que los datos de mis llamadas telefónicas (números de origen y destino, nombre y dirección de los interlocutores, operadora usada, lugar, fecha y hora en que se realiza la llamada, fecha y hora en que se active la tarjeta prepago, etc.) o de mis correos-e (identificador del equipo, dirección IP, nombre y dirección del usuario, etc.) sean almacenados por “quien corresponda” durante, como mínimo, 6 meses. Estoy totalmente de acuerdo con Dogaman [Via Kriptopolis] cuando dice “tendremos que reclamar nuestro derecho a conocer no sólo los datos almacenados, sino también quién accede a qué datos, cuándo lo hace y, sobre todo, por qué y con qué objetivo”.
Me imagino que las operadoras apoyarán mi protesta, aunque por otra razón, la económica. Los cálculos hechos por autoridades europeas, dan cuenta de que la creación de una base de datos (los que tendrán que retener) costará unos 100 millones de euros a cada compañía, a los que hay que añadir otros 50 millones anuales para su mantenimiento. Ciertamente, el coste de aplicación de la directiva es demasiado alto, tanto en términos económicos como de «bienestar» para los que no somos terroristas, ni siquiera en potencia.
Ahí dejo mi protesta. Aunque me roben el derecho a la privacidad, me queda el derecho al pataleo. A partir de aquí, la reflexión ¿en dónde queda el derecho a la privacidad? Tal vez empecemos a recordar con nostalgia los tiempos en que el temor era “Hacienda nos tiene controlados”.
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